Es hora de que la comunidad internacional defienda a los niños palestinos

Monitor de Oriente 7/12/2017

Niños palestinos haciendo sus deberes en una chabola de un barrio pobre de Gaza [Ezz Zanoun/Apaimages]

 

El maltrato que Israel perpetra contra los niños palestinos no es ninguna novedad. Más bien es un ejemplo de las muchas maneras en las que rompe con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Aunque, en el pasado, se ha enfrentado a críticas por su maltrato de los niños palestinos, sobre todo en relación a los niños que son llevados bajo custodia y ante sus tribunales militares, estas acciones aún no han recibido verdaderas represalias.

Por lo tanto, es alentador que puede que esto esté a punto de cambiar y, encima, en Estados Unidos. La Ley de Promoción de los Derechos Humanos para Acabar con la Detención Israelí de Niños Palestinos requiere que el Secretario de Estado certifique anualmente que los fondos invertidos o gastados por Estados Unidos en ayuda de Israel “no respaldan la detención militar, los interrogatorios, el abuso o los malos tratos que reciben los niños palestinos”. La legislación mantiene vigente la asistencia financiera comprometida con Israel.

El proyecto de ley destaca que Israel ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 3 de octubre de 1991, que establece – (A), en el artículo 38 (a) que; “ningún niño sufrirá tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante”. Declara que “en la Cisjordania ocupada por Israel, existen dos sistemas legales separados. La ley militar israelí se impone a los palestinos y la ley civil israelí que se aplica a los colonos israelíes”.

Además, señala que el ejército israelí detiene a entre 500 y 700 niños palestinos de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años cada año, a los que procesa ante un sistema judicial militar que, según establece la ley, “carece de las garantías básicas y fundamentales del proceso, violando los estándares internacionales”.

Defence for Children International – Palestine (DICP) señala que “Israel tiene distinción de ser el único país que procesa sistemáticamente a entre 500 y 700 niños todos los años en tribunales militares que carecen de los derechos justos de juicio y de protección”. Además, destaca que, en los 590 casos documentados por DCIP entre 2012 y 2016, el 72% de los niños palestinos detenidos denunciaron actos de violencia física, y el 66% sufrió maltrato verbal y humillaciones.

Según Khaled Quzmar, Director General de DCIP, “a pesar del continuo compromiso con organismos de la ONU y de las muchas peticiones a acatar el derecho internacional, el ejército y la policía israelíes continúan con los arrestos nocturnos, la violencia física, la coerción y las amenazas contra los niños palestinos”.

La reciente introducción del proyecto de ley en el Congreso estadounidense tiene como objetivo evitar que los dólares de los impuestos de EEUU paguen las violaciones de los derechos humanos de los niños palestinos durante el curso de una detención militar israelí. Pretende establecer, como mínimo, una demanda estadounidense en favor de los derechos básicos del proceso y de la total prohibición de la tortura y el maltrato contra los niños palestinos detenidos y procesados en el sistema judicial militar de Israel.

En 2012, la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth británica encargó a nueve abogados un informe sobre el problema humanitario con los niños palestinos. En sus conclusiones, afirma que “Israel incumple los artículos 2 (discriminación), 3 (intereses del niño), 37(b) (recurso prematuro a la detención), (c) (no separación de sus familiares adultos) y (d) (acceso inmediato a abogados), y 40 (uso de grilletes) 111 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño”. Además, concluyó, basándose en sus descubrimientos, que “Israel también se salta la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante del artículo 37(a) de la Convención. El transporte de prisioneros menores a Israel incumple el artículo 76 de la Cuarta Convención de Ginebra. La falta de traducción de la Orden Militar 1676 del hebreo es una violación del artículo 65 de la Cuarta Convención de Ginebra”.

El informe hace cuatro recomendaciones básicas y 40 específicas. La mayoría de las recomendaciones destacan las muchas infracciones que tienen que abordar las autoridades israelíes. En lugar de intentar asumir las recomendaciones del informe en 2016, Israel se negó a cooperar con el equipo que realizaría una visita de seguimiento para revisar hasta qué punto se habían adoptado las recomendaciones. Esto hizo que se cancelara la visita, y el FCO de Reino Unido no logró convencer a los israelíes para que la retomaran.

En respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Reino Unido-Palestina, el entonces ministro de Exteriores, Tobias Ellwood, dijo: “Expresé mi decepción ante la falta de voluntad de Israel a albergar esta visita de seguimiento con la viceministra de Exteriores, Tzipi Hotovely, en mi visita a Israel el 18 de febrero. Varios oficiales de la embajada británica de Tel Aviv, incluido el embajador, también presionaron al ministerio de Exteriores británico para que cooperara, y lo seguirán haciendo. Seguimos comprometidos a trabajar con Israel para mejorar las prácticas respecto a los niños detenidos en el país”.

Hace poco, el parlamento británico ha considerado el problema de los niños palestinos y el trato que reciben por parte de Israel. Inicialmente, esto lo expresó un instrumento parlamentario llamado Early Day Motion (EDM). La EDM 563 se emitió el 20 de noviembre, y establece que “esta Cámara contempla con preocupación cómo cientos de niños palestinos siguen siendo arrestados y juzgados en tribunales militares israelíes, a pesar de su práctica de continuas violaciones del derecho internacional”.

La moción “señala la disparidad entre el trato que dan las autoridades israelíes a los niños palestinos, y exige que éstos no sean tratados de manera inferior a un niño israelí”.

La EDM 563 destaca con preocupación que “las recomendaciones del Informe sobre los Niños en Detención Militar en Israel de Unicef de 2013 siguen sin cumplirse, y requiere al gobierno que se comprometa urgentemente con el gobierno israelí para poner fin las constantes violaciones de los derechos humanos que sufren sistemáticamente los niños palestinos bajo custodia militar israelí”.

Cuando este texto fue escrito, 65 miembros (de 650) del parlamento habían firmado la moción. Esto incluye el apoyo de parlamentarios individuales de todos los partidos políticos de Inglaterra, Escocia y Gales. 

Las últimas medidas que han tomado el Congreso y el Parlamento británicos para señalar el abuso de Israel de los derechos de los niños palestinos ha sido bien recibido por Palestina y sus partidarios. Ha llevado décadas que los derechos de los niños recibieran algo de atención real. Si se aprueba la ley en Estados Unidos, supondría un verdadero cambio en la política que condicionaría parte de los fondos otorgados a Israel para cumplir con el respeto a los derechos humanos; en concreto, los de los niños palestinos. Si no se aprueba, el mensaje que recibirán los niños palestinos es que Estados Unidos no se preocupa por su situación. Un EDM con apoyo en el parlamento británico llamará la atención sobre el tema y permitirá que se consigan acciones reales del gobierno para que presione a Israel a cambiar su inaceptable trato contra los niños palestinos, tanto moral como legalmente.

Es hora de que los niños palestinos reciban protección ante los abusos de las fuerzas ocupantes. A Israel no le incomodan sus abusos, y esto sólo cambiará cuando la comunidad internacional haga algo para ayudar a los maltratados. En cuanto a Israel, un Estado sin moral, cuando se trata de palestinos, al menos podrían aplicarles las mismas prácticas y leyes a los niños palestinos y a los suyos propios.

It’s time the international community stood up for Palestinian children

First published by the Middle East Monitor on 4/12/2017

Palestinian children can be seen doing their homework in their makeshift home in one of the poorest neighbourhoods in Gaza [Ezz Zanoun/Apaimages]

 

Israel’s mistreatment of Palestinian children is not a new development but rather one example of its many breaches of international law and international humanitarian law. While it has in the past faced criticisms for its maltreatment of Palestinian children, particularly in relation to minors that are taken into custody and brought before its military courts, this has not been matched with solid action.

It is therefore encouraging that this may be about to change, and in the United States of all places. The Promoting Human Rights by Ending Israeli Military Detention of Palestinian Children Act requires the Secretary of State to certify annually that funds obligated or expended in the previous year by the United States for assistance to Israel “do not support military detention, interrogation, abuse, or ill-treatment of Palestinian children, and for other purposes”. The legislation leaves financial assistance already committed to Israel in place.

The bill notes that Israel ratified the Convention on the Rights of the Child on 3 October 1991, which states— (A) in article 37(a), that “no child shall be subject to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. It states that “In the Israeli-occupied West Bank, there are two separate legal systems, with Israeli military law imposed on Palestinians and Israeli civilian law applied to Israeli settlers”.

It further notes that the Israeli military detains around 500 to 700 Palestinian children between the ages of 12 and 17 each year and prosecutes them before a military court system which the bill says “lacks basic and fundamental guarantees of due process in violation of international standards”.

Defence for Children International Palestine (DCIP) notes that “Israel has the dubious distinction of being the only country in the world that systematically prosecutes an estimated 500 to 700 children each year in military courts that lack fundamental fair trial rights and protections”.  It further states that in 590 cases documented by DCIP between 2012 and 2016, 72 per cent of Palestinian child detainees reported physical violence and 66 per cent faced verbal abuse and humiliation.

According to Khaled Quzmar, General Director of DCIP, “despite ongoing engagement with UN bodies and repeated calls to abide by international law, Israeli military and police continue night arrests, physical violence, coercion, and threats against Palestinian children”.

The recent introduction of the bill in the US Congress aims to prevent US tax dollars from paying for human rights violations against Palestinian children during the course of Israeli military detention. It aims to establish, as a minimum safeguard, a US demand for basic due process rights for and an absolute prohibition against torture and ill-treatment of Palestinian children arrested and prosecuted within the Israeli military court system.

In 2012 the UK’s Foreign and Commonwealth Office commissioned a report by nine lawyers on the issue of Palestinian children. Among its conclusions it found that “Israel is in breach of articles 2 (discrimination), 3 (child’s best interests), 37(b) (premature resort to detention), (c) (non-separation from adults) and (d) (prompt access to lawyers) and 40 (use of shackles) 111 of the United Nations Convention on the Rights of the Child”. It further concluded that based on its findings “Israel will also be in breach of the prohibition on cruel, inhuman or degrading treatment in article 37(a) of the Convention. Transportation of child prisoners into Israel is in breach of article 76 of the Fourth Geneva Convention. Failure to translate Military Order 1676 from Hebrew is a violation of article 65 of the Fourth Geneva Convention”.

The report made four core recommendations and 40 specific recommendations. The sheer volume of the recommendations highlights the extent of the breaches that need to be addressed by the Israeli authorities. Rather than work to address the recommendations of the report in 2016, Israel refused to cooperate with a team making a follow-up visit to review the extent to which the recommendations had been addressed. This led to the cancelation of the visit and the British FCO failed to convince the Israelis to reinstate it.

Responding to a question from the Chair of the Britain-Palestine All Party Parliamentary Group, then Foreign Office Minister Tobias Ellwood said: “I expressed my strong disappointment at Israel’s unwillingness to host this follow-up visit with Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely during my visit to Israel on 18 February. Officials from the British Embassy in Tel Aviv, including the ambassador, also lobbied the Israeli Ministry for Foreign Affairs to cooperate with the visit, and will continue to follow up. We remain committed to working with Israel to secure improvements to the practices surrounding children in detention in Israel.”

The UK parliament has recently been considering the issue of Palestinian children and their treatment by Israel. This was initially expressed through a parliamentary instrument called the Early Day Motion (EDM). EDM 563 was issued on 20 November and states that “this House notes with concern that hundreds of Palestinian children continue to be arrested, detained and tried in Israeli military courts, despite the practice involving widespread and systematic violations of international law and being widely condemned”.

The motion “notes the disparity between the treatment of Israeli and Palestinian children by Israeli authorities and calls for those authorities to treat Palestinian children in a way that is not inferior to the way they would any Israeli child”.

EDM 563 notes with concern “that the recommendations of Unicef’s 2013 Children in Israeli Military Detention Report remain largely unmet and calls on the government to urgently engage with the Israeli government to end the widespread and systemic human rights violations suffered by Palestinian children in Israeli military custody”.

At the time of writing 65 members of parliament had signed the motion (out of 650). This includes support from individual MPs from all political parties in England Scotland and Wales.

The recent moves in Congress and the UK parliament to highlight Israel’s abuse of the rights of Palestinian children have been welcomed by Palestinians and their supporters. It has taken decades for the rights of children to gain any real attention. If the bill in the US passes then it would signal a real change in policy in that it will condition some funding to Israel on respect for human rights and specifically for Palestinian children. If it fails then the message to Palestinian children will be that America is willing for the bar to be set lower for them than for Israeli children. A well supported EDM in the UK Parliament will highlight the issue and that will allow its sponsors to seek real action from government to pressure Israel to change its unacceptable treatment of Palestinian children, both morally and legally.

It is time Palestinian children were finally protected from abuse by their occupiers. Israel is comfortable in its abuse and will only change when the international community acts to help them. As for Israel, a state without a moral compass, when it comes to Palestinians it could at least apply the same law and practices of dealing with Palestinian children as it does its own children.

 

Israel’s demolition of Palestinian homes is, in fact, an own goal

First published by the Middle East Monitor on 25/8/2017

Israel’s demolition of Palestinian homes is now almost a daily occurrence. The reasons vary but the phenomenon is ultimately a form of collective punishment; the humiliation of the occupied by the occupier and a means to achieve “demographic control” of occupied Palestinian territory.

The Zionist state publicises the demolition of homes of the families of Palestinians who are alleged to have attacked Israelis, whether civilians or occupying forces; Israel claims that this is a deterrent to others who might be contemplating such attacks. Demolition can happen immediately after an attack or some days later; families await their fate not knowing when the roof over their heads will be destroyed by an Israeli bulldozer.

The most recent of these demolitions was of the family home of Omar Abdel Gelil Al-Abed from the village of Kobar near Ramallah. Abed is accused of killing three Israeli settlers on 21 July in the nearby illegal settlement of Halamish in the West Bank. As with other demolitions, this was carried out under heavy protection from the Israel Defence Forces (IDF) accompanied by clashes with local residents.

Israel demolishes home of Palestinian resistance fighter

Israel may also “seal” the home of an assailant rather than demolish it, as was the case with Hassan Ankosh, one of three young Palestinians who carried out an attack at Damascus Gate in occupied Jerusalem. The homes of the other two assailants were demolished. The decisions were approved by Israel’s High Court.

However, Israel has never demolished the homes of Jewish Israelis who have attacked Palestinian civilians. On the same day that Israeli forces delivered demolition orders to the families of four Palestinian assailants, the Supreme Court decided not to demolish the homes of three Israelis convicted of brutally killing 16-year-old Muhammed Abu Khdair in 2014. Jewish terrorist Yosef Haim Ben-David and two minors were convicted of kidnapping and burning the Palestinian teenager to death in 2014. The Israeli court rejected the Abu Khdair family’s petition to demolish the homes of the terrorists; retired Israeli judge Elyakim Rubinstein ruled that too much time had passed between the “abominable act of murder” and the submission of the petition.

The judge’s ruling was telling. He emphasised that “Regulation 119” in Israeli law permitted the demolition of homes of anyone suspected of “terror activity” and of their “accomplices and supporters,” whether they are Jewish Israelis or Palestinians. “We can understand how the victim’s family feels… we are dealing with a deterrent and not a punitive measure. It should be remembered that the perpetrators were given lengthy prison sentences,” added Judge Neal Hendel, reiterating the Israeli government’s contentious claims that such punitive demolitions deter “terrorists” from carrying out attacks.

#CollectivePunishment

More recently, Public Security Minister Gilad Erdan arguedfor the demolition of the homes of the Israeli Arab citizens from Umm Al-Fahm whose attack at the entrance to Al-Aqsa mosque triggered the closure of the holy site and subsequent standoff between Palestinians and security forces.

There is, of course, no evidence that demolishing the family homes of Palestinians deters others, otherwise the attacks would by now — after thousands of demolitions — have surely stopped altogether. In fact the demolition of Ghassan Abu Jamal’s home in 2015 was followed by an attack by his cousin Alaa a week later. “Alaa knew what the consequences of an operation were for the family,” commented Muawiyah Abu Jamal, “but when he was humiliated in front of his three sons, it obviously hurt his sense of pride.”

Palestinians see these demolitions as a form of collective punishment against the families of assailants who had nothing to do either with planning or carrying out such attacks.

Israel demands compensation from residents after demolishing their homes

The aftermath of Israeli bulldozers razing Al-Araqeeb village in Negev [Sarah Stern‏/Twitter]

Image of Israeli bulldozers after demolishing the Arab Bedouin village of Al-Araqeeb [Sarah Stern‏/Twitter]

Some Palestinian homes are demolished due to a “planning policy” which in practice is the mechanism for controlling the demography through Israeli policies designed to ensure a Jewish majority from the River Jordan to the Mediterranean Sea and in specific areas such as the prized city of Jerusalem.

The discriminatory policy of denying planning permits for Palestinians to build on their own land or to extend existing homes to accommodate natural growth is well documented. This denial is particularly significant in Jerusalem, where Israel regularly approves plans for illegal settlements in occupied East Jerusalem, but denies permits to Palestinians a stone’s throw away for home extensions of just a few square metres. Israel has often argued that building within existing illegal settlements is necessary for the same “natural growth” argument which it refuses to accept from Palestinians.

#Silwan

The Jerusalem neighbourhood of Issawiya has been awaiting approval for an infrastructure plan for over 15 years but it seems that it must wait a lot longer. In the meantime, some of its residents have built on their privately-owned land but have either had their homes demolished or, in a further humiliating act, have had to demolish their own homes to avoid extortionate fines by the Municipality if it carried out the demolition. This was the case of Firas Saleh, who was forced to demolish his own home, in front of his children, or pay $80,000 for the privilege of the Israeli authorities demolishing it. The children had helped to build it and were devastated. Khaled Mahmoud had his 4 bedroom apartments demolished, making 40 people homeless. He had been trying to secure a building permit since 2002 without success. Both families undertook to rebuild their homes.

Another Palestinian neighbourhood under constant threat of house demolition or eviction is Silwan on the edge of the Old City of Jerusalem. The most recent victims were the Abu Sneineh family whose home was demolished in early August but was partially rebuilt by the family and neighbours, only to see the new structure demolished by the Israelis as well.

Others who are targeted regularly by Israel for home demolitions are the Bedouin Palestinians on both sides of the Green (1949 Armistice) Line. The “unrecognised” villages of Al-Araqib and Umm Alhiran have been targeted for demolition of all structures, with the former being demolished and rebuilt at least 114 times since 2010. Israel wants to move the Bedouins to American-style reservations and build Jew-only settlements on the site of Umm Alhiran. The residents of Khan Al-Ahmar in the West Bank have also lived under the threat of eviction and demolition of their village.

In the past three weeks, Israel has targeted Palestinian schools in Jabal Al-Baba and Jubbet Al-Dhib, and confiscated the only source of power for a school in Abu Nuwar by removing its solar panels. In the case of Jubbet Al-Dhib, its pupils started the new school year with lessons in tents.

Palestinians hold Friday prayers at Jerusalem home under threat from settlers

Posters are placed outside the Shamasna home in the Sheikh Jarrah neighbourhood of occupied East Jerusalem. The family faces imminent evacuation to make room for Israeli settlers who claim they own the property. The posters read 'No to occupation' and 'Sheikh Jarrah is Palestinian'. [Twitter/Quds TV]

Friday prayers area held on 11 August 2017 outside the Shamasna home in the Sheikh Jarrah neighbourhood of occupied East Jerusalem to show solidarity as the family is facing imminent evacuation to make room for Israeli settlers who claim they own the property. [Twitter/Quds TV]

With no evidence that demolishing homes of Palestinian attackers really deters others, and knowing that house demolitions can only increase the hatred of Israel amongst Palestinians, it appears that this policy has failed spectacularly in what it sets out to do. Israel often accuses the Palestinian Authority of incitement and blames it for attacks against Israelis. However, it is to the Israeli occupation and its carefully developed oppressive policies that we should look for incitement.

Would you think kindly of an occupier who has just taken the roof from over your head for any reason whatsoever, let alone political reasons? Israel’s demolition policy is, in the end, a spectacular own goal.

Jerusalem’s Palestinian youth face bleak future

First published by the Arab Weekly on 30/7/2017

London – The results of the tawjihi — General Secondary Education Certificate Examination — were re­cently announced across the Palestinian territories to great cheers and celebration in some households and deep disappoint­ment in others.


The future isn’t what it used to be. Palestinian children chat outside a school in the East Jerusalem neighbourhood of Jabel Mukhaber. (Reuters)

Palestinians see education as a vital asset to their development both as individuals and as a society under occupation.

The next step for those who ex­celled in the tawjihi is to find a place at university. Medicine and engineering continue to be the most sought-after studies for those with a score of 90% or higher.

However, hope that a university education will help Palestinians se­cure a job and go on to build a fam­ily is a pipe dream for most. “Hope” is the operative word here, and is a commodity that is in short supply for Palestinians, particularly the young.

The number of unemployed Pal­estinians totalled 361,000 in 2016, the Palestinian Central Bureau for Statistics said, rising from 21.7% in 2007 to 26.9% in 2016.

The International Labour Organi­sation (ILO) said the unemploy­ment rate for Palestinian youth has reached 40%. The unemployment rate in Gaza is more than 40% and youth unemployment is more than 60% and 85% among young wom­en. Gaza, of course, has suffered from a 10-year siege that has exac­erbated the situation. The unem­ployment rate among men in East Jerusalem is reported to be 12.3% and 26.8% among women.

Palestinians recently marked Is­rael’s 50-year occupation of East Jerusalem, which means anyone born after 1967 has grown up un­der Israeli military rule. The occu­pation has not been a static affair. Israel annexed East Jerusalem shortly after its occupation, claim­ing it as its united eternal capital. It has also actively pursued the con­struction of illegal settlements in the Palestinian areas, for Jews only, in a deliberate attempt to change its demographic makeup or, as the Pal­estinians see it, to Judaise it.

Some 300,000 Palestinians live in East Jerusalem. Their official status is “resident.” They are nei­ther Israeli citizens nor holders of a Palestinian Authority passport. In 2014, the Israeli Ministry of Interior revoked the permanent residency status of 107 Palestinian residents of Jerusalem, including 56 women and 12 minors. Since 1967, the resi­dency status of 14,416 Palestinian residents of Jerusalem has been revoked. In practice, this prevents them from returning to live in their place of birth.

In 2012, the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) reported that 78% of Palestinians, including 84% of children, in the district of Jeru­salem live below the poverty line. There are no official statistics col­lected by Israel as to the rate of un­employment among Palestinians. However, the Statistical Yearbook of Jerusalem, put out by the Jerusa­lem Institute for Israel Studies, said 40% of males and 85% of females do not participate in the workforce.

Only 41% of Palestinian children are enrolled in municipal schools. There is a shortage of 1,000 class­rooms in the official municipal education system; 194 classrooms were added in these schools from 2009-14 and an additional 211 are planned. More than 40% of class­rooms in the official municipal sys­tem are considered inadequate.

A particularly important statistic is that of school dropout rate. This stands at 26% in 11th grade and 33% in 12th grade; the national average stands at just a few percent. Those who drop out face a bleak future in terms of employment. Opportuni­ties for employment are extremely limited. The jobs that do exist are low-pay and in many cases short-term.

Where youngsters hope to join a family business, particularly in the old city, they see a short, strained attempt by Israel to force them out of business through excessive taxa­tion and other demands.

Many end up working part-time for low wages inside Israel with little hope of saving for a house, rent or to start a family. This forces many to continue living with their parents, resulting in overcrowded conditions.

Even if Palestinian families own land and have the means to ex­tend their homes to accommodate offspring, Israel generally denies building permits. Such permits are not denied for their Jewish neigh­bours. As a result, some Palestin­ians end up working in the West Bank, putting their residency status in Jerusalem at risk.

The occupation also affects their lives by subjecting young Palestin­ians to regular arrests, sometimes for being suspected of throwing stones or being involved in car­rying out what they see as acts of resistance. Cases of young Palestin­ians being mistreated in custody, such as being asked to sign confes­sions in Hebrew, which they do not speak, are well documented.

Young Palestinians have ex­pressed a general sense of humilia­tion and do not see their status quo changing for years to come.

As Britain pledges to celebrate Balfour, Israel denied my Easter homecoming to Palestine

First published by the Middle East Eye on 13/4/2017

On 7 April, I travelled with my wife, Lina, and my five-year-old son, Adam, to Palestine to spend Easter with family and friends, mainly in Attur, East Jerusalem.

In the late afternoon, we arrived at Tel Aviv airport and made our way to passport control. I was asked about the purpose of my journey which I explained. A minute later, an officer arrived to take me away for questioning while my wife, who holds a Jerusalem ‘residency’ ID card and my son, traveling on a British passport, were told they could go through.

I explained that they would wait for me while I was questioned and they were directed to a waiting room near passport control, one with which we are very familiar.

‘Problem people’

The first officer asked me a couple of questions and directed me back to the waiting room for a colleague of his to call me in soon after that. He was clearly waiting for me as my name was clearly on a list of ‘problem people’. He did not accept that I was on a family visit, not a political one, and told me that I ‘have a problem’.

He asked me if I knew about the new law banning those that promote the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign passed by Israel’s parliament, the Knesset last month. I explained that I did. In fact, I wrote about my views on this in Middle East Eye at the time.

He then asked if I was involved in any “anti-Israel” organisation. I explained that I was involved in the Palestine Solidarity Campaign (PSC) and had been vice chair until last January. I stated that I saw PSC as a pro-Palestinian and anti-Israeli policy organisation rather than an anti-Israel organisation. He did not accept that.

The waiting room in the Tel Aviv Airport (MEE/Kamel Hawwash)

 

He then referred to a pile of papers printed in Hebrew and claimed they were some of my tweets. He claimed that I called Palestinian terrorists shaheeds (martyrs). Since I do not read Hebrew, I could not comment on any specific tweet and I asked for him to produce the tweets in English, which he did not.

Separated from family

We then had a long conversation (about half an hour) about the situation and the lack of hope for Palestinians and the reasons for the lack of peace – just the sort of discussion with Israelis that denying entry to those who are working for peace will prevent as a result of this new law.

I soon realised that the officer was going to deny me entry, especially when rather than giving me the entry visa slip, he started printing out documents. He confirmed that I was to be denied entry and then asked me the most difficult question of the day: “Will your wife return with you or go through?”

He even said, “Of course your wife is an Israeli citizen, so she can go through.” My wife is not an Israeli citizen but a stateless person, made stateless by Israel. In addition to her Jerusalem “residency” permit, she has an Israeli travel document and a Jordanian travel document for travel outside her homeland. I told him I would ask her what she wanted to do and was taken back to the waiting room.

As I returned to the room, my wife shuffled in her seat to get herself ready. She thought I had been given an entry visa until I told her that I would not be allowed in. She could not believe this and broke down. My son was bewildered, but ran to hug his mum who was weeping.

Lina and Adam in the waiting room (MEE/Kamel Hawwash)

I, of course, was never going to deny my wife the opportunity to go home to see her family and so, about an hour later, she left with my son and I was left reflecting on what had just happened.

Humiliation as a weapon

I contacted the British Embassy for help, but none was forthcoming. However, my local MP Richard Burden very kindly contacted the embassy in Tel Aviv and I had a call back from the British Consul who wanted to ensure that I was ok and that I could contact him if my situation changed.

I then waited for my flight which was not until 5am on 8 April. A couple of hours before that, I was taken for a full body search. It is interesting that the state which sells technology to other states resorted to a body search of someone who had been through security in Birmingham and Brussels and had not exited the airport.

But this was not about security: it was about humiliation, something Israel is a world expert at and which it has been meting out to Palestinians since its creation.

 

Document that the author was given at the airport (MEE/Kamel Hawwash)

 

I was taken to my flight half an hour before departure and my passport was handed to the pilot. This – and later being met by Belgium’s police –  made me feel like a criminal. When I asked why I could not have my passport, the officer calmly told me, “Because you are still in Israel.”

Upon arrival in Brussels, I was met by the police and taken to the police station. I was treated well and handed my passport without delay and I then made arrangements for my return to Birmingham.

Denials and hypocrisy

On 7 April, Israel stabbed me in the heart. It not only denied me entry and separated me from my family. It denied me my right to enter my homeland. That humiliation is something only Palestinians can understand.

The state which was created in my homeland and against the will of the indigenous Palestinian people not only denies Palestinian refugees the right to return from their camps, but also regularly denies those with Western passports the ability to visit.

Meanwhile, Israel’s illegal settlers are allowed to live on stolen land and travel to Western-style democracies unimpeded. They should be banned from entry to the UK, including Israeli ministers.

Defense Minister Avigdor Lieberman himself lives in an illegal settlement but has the red carpet rolled out when he visits the UK. Contrast this with human rights activists who visit the Palestinian areas to bear witness to Israel’s atrocities and are now to be denied entry to see the situation for themselves.

Palestinian citizens of Western states should also not be impeded and banned from visiting their homeland and their remaining family members.

The British government’s reaction to any denial of entry by Israel was articulated by the Foreign Secretary Boris Johnson recently when he said, “It is a sovereign decision for Israel as to who is allowed to enter the country.” It’s a statement that the British ambassador to Israel, David Quarrey, has reiterated to me.

It is important to note here that Israel is now sovereign over the West Bank including East Jerusalem, Gaza and the Golan Heights and that access to these areas is only possible through Israel which controls the whole of historic Palestine.

Not only is my government not willing to demand that Israel shelves its discriminatory law, it has also promised to celebrate the centenary of the very document that has directly resulted in the denial of my right to live and work in my homeland and in the continuing plight and Nakba of my people.

Dancing on Palestinian graves

Our prime minister had the temerity to tell the Conservative Friends of Israel that the UK would celebrate the Balfour Declaration with pride. She has invited the Israeli prime minister to London for the celebrations and even promised a royal visit to coincide with the celebrations. In so doing, Theresa May is dancing on our graves as Palestinians. Palestinians do not have justice and we continue to be murdered by Israel on an almost daily basis under the pretence of security.

If her Majesty the Queen or his Royal Highness Prince Charles makes a royal visit, he will be within touching distance of Deir Yassin, the site of a massacre recently commemorated – and many others. He will drive past houses that belonged to Palestinians and from which they were ethnically cleansed.

He will be near the British Consulate in Sheikh Jarrah and will be able to see Palestinians homes that have been demolished and others that had their Palestinian owners thrown out to be replaced by illegal settlers.

And if he visits his grandmother’s grave again at the Church of Mary Magdalene on the Mount of Olives, as he did back in October, he won’t seek permission to do so from Palestine, but from the occupying power, Israel. He would, of course, be welcomed with open arms in Palestine once it is free and independent with its capital in East Jerusalem, where his grandmother’s grave is located.

 

In January 2011, Israeli bulldozers, working under police protection, demolish the former Hotel Shepherd complex in East Jerusalem’s Sheikh Jarrah neighbourhood to make way for 20 new homes for Jewish settlers (AFP)

By refusing to take any action against Israel for its continued illegal occupation or its new law, which impacts directly on British citizens, the British government fails the Palestinian people again, but also provides Israel with continued cover to entrench the occupation and to liquidate the Palestinian cause. It also severely damages the UK’s reputation further as it looks towards the world.

– Kamel Hawwash is a British-Palestinian engineering professor based at the University of Birmingham and a longstanding campaigner for justice, especially for the Palestinian people. He is vice chair of the British Palestinian Policy Council (BPPC) and a member of the Executive Committee of the Palestine Solidarity Campaign (PSC).  He appears regularly in the media as commentator on Middle East issues. He runs a blog at www.kamelhawwash.com and tweets at @kamelhawwashHe writes here in a personal capacity.